El curso escolar 2019/2020 en la provincia de Cádiz (y el resto de Andalucía) se estrenó el pasado 2 de septiembre en las guarderías, en el primer ciclo de Educación Infantil (con 10.200 niños menores de 3 años en alguno de los 178 centros públicos o privados ‘concertados’). Y una semana después, este día 10, la vuelta al cole (marcada por los recortes y la excusa de la bajada de la natalidad por parte de la Junta, y las protestas sindicales y de profesores por otro), llega para 119.376 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial.
El resto de los estudiantes de enseñanzas no universitarias las iniciará el 16 de septiembre, a excepción del alumnado de enseñanzas artísticas superiores, que se incorporará el próximo 20 (serán 140.620 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Profesional Básica, Educación Permanente de Adultos, Artísticas elementales y profesionales e Idiomas).
En su conjunto y según cifras de la consejería de Educación trasladados a DIARIO Bahía de Cádiz, son 271.237 estudiantes (unos 800 menos que el curso precedente), 18.916 docentes y 867 centros, tanto públicos como concertados (sostenidos también con dinero de todos) y privados, con los que cuenta la provincia. De este total, 211.144 estudian en alguno de los 593 centros públicos y son atendidos por una plantilla docente pública integrada por 14.953 maestros y profesores. Mientras, el 22% del alumnado gaditano no universitario está matriculado en colegios privados y concertados.
Concretando en el arranque de las clases de este martes, en Infantil y Primaria (la inauguración oficial en la provincia se ha escenificado en el CEIP Los Molinos, de Vejer), hay 119.376 niños escolarizados en Cádiz: son 2.439 menos en Primaria, y 60 menos en segundo ciclo de Infantil con respecto al curso pasado. Ello ha llevado a la polémica supresión de 96 unidades en ambos ciclos (siempre en colegios públicos, nunca tocando líneas en la educación concertada, “lo que supone que el peso de la red pública sea cada vez menor, profundizando de esta manera en la privatización”, en palabras de Ustea); en concreto, se han eliminado 149, y se han creado 53, destacando en la Bahía la supresión de clases en Jerez, San Fernando o Chiclana.
Con todo, la Junta ahora con gobierno de derechas, que justifica este recorte por la bajada de la natalidad (cierre de unidades que se viene repitiendo desde hace ya varios cursos, entonces todavía con el PSOE en el gobierno andaluz), ‘vende’ que este 2019/2020 está marcado “por el aumento de los recursos” gracias a “una inyección presupuestaria de más de 203 millones adicionales en la educación pública” en toda la comunidad, que, se asegura, “permite además la mejor ratio media de alumnos por aula de la última década”. Así, en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, donde el límite es de 25 alumnos por unidad, en Andalucía la media se sitúa en 20,76 y 21,33 escolares, respectivamente; aunque claro, al utilizar las ratios de poblaciones pequeñas (con poco alumnado), se maquilla esa media de las poblaciones mayores.
RETOS Y MEJORAS, SEGÚN LA NUEVA CONSEJERÍA
Además del refuerzo de la plantilla pública docente con 750 docentes más, el curso está marcado, siempre según la propia Junta que obvia hablar de las protestas que vienen caldeando esta vuelta al cole, por la puesta en marcha de las instrucciones que regulan el currículo en las etapas de Primaria y Secundaria “con el objetivo de combatir las tasas de abandono y fracaso escolar”. Así, se aumentarán las horas de Lengua, Matemáticas, Inglés y Educación Física. Y de Religión (“una concesión a la extrema derecha”, sospecha Ustea), aunque esto no lo dice abiertamente la consejería. Se potenciarán “destrezas básicas para el siglo XXI”, según esta consejería ahora en manos de Ciudadanos, como “el debate y la oratoria en Lengua Castellana o en Matemáticas las habilidades de cálculo, la resolución de problemas y la robótica y el razonamiento matemático”.
Por otro lado, la consejería mantiene y refuerza los recursos dirigidos al alumnado y a las familias. Todo el alumnado de Primaria escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos estrenan sus libros de texto, es decir más de 550.000 estudiantes de los seis cursos que integran estas enseñanzas, además de la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Igualmente, se reponen los ejemplares que no estén aptos para su uso en otros niveles obligatorios como la ESO y la Formación Profesional Básica.
Asimismo, durante el curso un total de 2.458 centros en toda la región ofrecerán servicios complementarios incluidos en el Plan de Apertura, 59 más que en el curso anterior, que corresponden a 27 aulas matinales nuevas y 32 nuevos comedores escolares autorizados. Este año además, se va a distribuir más de 3.870 toneladas de equipamiento entre pupitres sillas, armarios y material didáctico entre otros en colegios e institutos de la comunidad.
Otra de las “apuestas” de la nueva Junta es la “puesta en valor” de la Formación Profesional con 4.100 plazas más que en el curso anterior, hasta alcanzar las 124.998 plazas de nuevo ingreso en toda Andalucía. Por su parte, la FP Dual, en la que el aprendizaje se realiza tanto en los centros docentes como en empresas cuya actividad está relacionada con el perfil profesional, está previsto que se oferten 528 proyectos de dual. En la provincia, desde este curso hay ya 148 centros bilingües, y cinco de ellos plurilingües, 20 nuevos ciclos formativos de FP y 86 proyectos previstos de FP Dual, 30 más que en el curso pasado.
El nuevo curso académico también ofrece, se dice, mejora de la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con el aumento de 130 unidades más en Educación Especial.
LA OTRA CARA (LA DE LOS SINDICATOS) DEL NUEVO CURSO
La Marea Verde promovía el pasado viernes día 6 concentraciones en todas las capitales andaluzas de cara al inicio del curso escolar. En Cádiz, la protesta se llevaba a cabo frente a la delegación territorial de Educación de la Junta, en la plaza Mina. Estas protestas simultáneas buscaban rechazar la pérdida de puestos de trabajo y de unidades en la escuela pública, defender la estabilidad del personal docente y una educación pública y de calidad.
Al respecto, Ustea señala que en los últimos días “estamos asistiendo a un aluvión de noticias basadas en las declaraciones del consejero de Educación, en las que se remarcan dos ideas principales: las instrucciones, por las que se modifica la distribución horaria de los centros de Infantil y Primaria, van encaminadas a reducir el fracaso escolar y los esfuerzos realizados por el nuevo gobierno para bajar la ratio en nuestras aulas”.
Ante ello, este sindicato subraya que “nos parece una burla a la comunidad educativa y, sobre todo, al profesorado interino que, debido a las instrucciones mencionadas ha perdido su puesto de trabajo, querer hacernos creer que el fracaso escolar puede atajarse asignando algunas horas más a unas especialidades a cambio de quitárselas a otras”. Y por otro lado, denuncia “la desfachatez de Imbroda al querer atribuir a la voluntad política del nuevo gobierno una bajada de la ratio media de nuestras aulas al mismo tiempo que se incumple la normativa sobre ratios de manera sistemática, encontrándonos con numerosas aulas que superan el número máximo de alumnado permitido”. En este punto, se añade que “no se trata por tanto de que las características específicas de los centros rurales reduzcan la ratio media del conjunto, sino de conocer cuál es la ratio más habitual y, sobre todo, que la consejería deje de incumplir la norma sobre esta cuestión”.
“En este nuevo curso se hace imprescindible iniciar un ciclo de movilizaciones que le pare los pies al gobierno andaluz y que luche por una educación pública de calidad y por las condiciones laborales de sus trabajadores”, sentencia desde Ustea.
Por su lado, CGT ha aprovechado esta fecha para avanzar un estudio basado en los datos oficiales que ofrece el Ministerio de Educación, que evidencia que la educación pública en Andalucía “se está viendo sometida desde hace una década a un proceso de desmantelamiento y privatización”. “El descenso demográfico de nuestra población, hecho innegable, no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos que se ha producido en los últimos años, ya que en el mismo período el número de unidades en centros privados concertados prácticamente se ha mantenido estable, e incluso se ha incrementado en algunos niveles educativos”. Así, entre 2011 y 2018 se han perdido en la comunidad autónoma 1.450 unidades públicas de Infantil de Segundo Ciclo. En el mismo período, por el contrario, el número de unidades de este nivel en centros concertados ha aumentado, pasando de 2.042 a 2.078.
Este sindicato advierte de que una proyección a medio plazo, basada en los datos demográficos que ofrecen los padrones de población, “sitúa en el año 2029 el punto de inflexión en el que la ola destructiva llegará a los niveles de Secundaria y Bachillerato si continúa esta tendencia neoliberal que desmantela la escuela pública con la excusa del descenso demográfico mientras mantiene las unidades escolares financiadas con fondos públicos en centros privados”. “La pública va a terminar convirtiéndose -según CGT-, en subsidiaria de la educación privada, para cubrir exclusivamente los lugares en los que el capital privado no vea garantía de obtener dividendos a costa del dinero público”.
Por otra parte, este estudio demuestra que el descenso de unidades escolares públicas “está ocasionando una fuerte pérdida de empleo docente, que se ceba en el numeroso colectivo de personal interino”; mientras “se incrementa el número de docentes en centros concertados cuyas nóminas se pagan con dinero público sin que hayan superado ningún proceso de selección que acredite su capacidad y mérito”. Entre 2011 y 2018, la enseñanza pública ha perdido 4.471 puestos de trabajo, mientras que los centros concertados han visto incrementadas sus plantillas docentes en 3.026 personas.
“Pero en un tema tan sensible como la educación no cabe despreciar (más allá de hacer negocio) el factor ideológico; es decir, entra en juego la posibilidad de tener el control de las futuras generaciones. Doble ganancia, por tanto, para el sector privado que afila ya sus cuchillos para el reparto del pastel que el gobierno andaluz anuncia que le será ofrecido: nuestra escuela pública”, intuye CGT; que apuesta porque el descenso demográfico “podría servir a medio plazo para conseguir mejorar la calidad educativa sin necesidad de tener que hacer grandes desembolsos”.
Este sindicato resalta que “hoy más que nunca se hace necesario que sumemos fuerzas en defensa de la salvaguarda de la gestión pública de un derecho básico que costó tanto esfuerzo conquistar, y del que carecieron la mayoría de nuestros mayores en Andalucía: una educación pública, gratuita y de calidad”.
Y CCOO en Cádiz habla por su lado de un nuevo curso escolar “mal planificado, poco transparente, con pérdidas de derechos laborales y sin negociación en aspectos fundamentales” que afectan a la organización de los centros educativos y a las condiciones laborales de sus trabajadores, “lo que ha conllevado que Educación haya enviado al paro a un elevado número de este personal”.
En lo referente al profesorado, para este sindicato no habido ningún “avance significativo” al respecto de sus condiciones de trabajo, a pesar de las manifestaciones del consejero sobre homologación retributiva, promoción profesional, acceso o formación. Igualmente, se indica que las declaraciones de Imbroda respecto a la disminución de ratios “responden a una manipulación de los datos”: “la referida bajada de natalidad solo es perceptible en las ratios de las pequeñas poblaciones en las que el derecho a la educación obliga a mantener las aulas, aunque estas posean menos escolares. Hacer ‘la cuenta a la vieja’ obviando esta situación, es no contar la verdad”.
En otro orden, CCOO denuncia que no se han atendido las reclamaciones que sobre la adjudicación de destinos provisionales ha realizado numeroso profesorado. Además, se critica que el procedimiento de información de las plazas adjudicadas, contrariamente a como se venía realizando, dificulta conocer la adjudicación de destinos por especialidades docentes.
De la misma manera, se evidencia que en este inicio de curso en Andalucía continúa teniendo en torno a 10.000 escolares recibiendo clases en ‘caracolas’ al “más puro estilo de chabolismo escolar”. Esto supone que actualmente existen casi 400 aulas prefabricadas, en casi 180 centros. Además, siguen existiendo numerosos centros “sin la adecuada climatización”.
En cuanto al personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria propios de la consejería, el curso comienza “con precariedad en sus empleos, abusos y recortes en los derechos laborales”.
Respecto a la enseñanza concertada, a decir de este sindicato, el curso se inicia con un “estancamiento” de la negociación instalado en la Mesa de la Enseñanza Concertada en Andalucía: “los trabajadores de la enseñanza concertada se sienten ignorados y discriminados por el gobierno andaluz”.
Con todo lo descrito sobre los distintos sectores laborales, CCOO en Cádiz avisa de que “este nuevo curso que comienza va a ser calentito, porque las decisiones tomadas por la consejería de Educación, sin consenso alguno, están suponiendo un paso atrás tanto para el sistema educativo público andaluz como para los trabajadores de los centros educativos”.
